El expresidente ecuatoriano Rafael Correa acosaba al periodismo desafecto mediante demandas judiciales multimillonarias. Una de ellas generó un fallo por el delito de “injurias calumniosas graves contra la autoridad”, y condenó a un periodista y a tres directivos del diario El Universo a tres años de prisión y al pago de una “suma solidaria” de treinta millones de dólares; el diario debía abonar diez millones de dólares adicionales. Pero la CIDH sostuvo que el artículo que motivó la demanda “se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático”. Por tanto, dejó sin efecto la sentencia y declaró la “responsabilidad internacional” del Estado de Ecuador en el caso.
Estando en el ejercicio del cargo, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa controlaba dos canales de televisión y un periódico, en tanto que su charla sabatina de dos horas era retransmitida en todo el país por más de cien estaciones de radio. Pero no le bastaba con su abrumadora presencia mediática, pues también acosaba al periodismo desafecto mediante demandas judiciales multimillonarias, como la que generó un fallo condenatorio por el delito de “injurias calumniosas graves contra la autoridad”, dictado contra un periodista, que debió salir del país, y tres directivos del diario El...
En una sentencia notificada el último 21 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo, de acuerdo a su propia jurisprudencia, que “el artículo de opinión se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático”; por tanto, dejó sin efecto la sentencia condenatoria y declaró la “responsabilidad internacional” del Estado de Ecuador por la violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como la atingente a la libertad de pensamiento y de expresión, que...
En este señero fallo de la Corte, que también dispuso que el columnista y los directivos del diario fueran indemnizados, merece especial destaque el principio de que un artículo de opinión en torno a un tema de interés público cuenta con una protección especial.
La Constitución declara inviolables la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, de modo que el ejercicio de la libertad de prensa no debería afectarlas. Muy distinta es la cuestión, según surge del fallo de la Corte, cuando gira en torno a un interés público y más aún, cabe agregar, cuando el supuesto agraviado ejerce una función pública. Aquí no hay derecho a la intimidad que valga, ni honor o reputación que deban ser salvaguardados coartando la libertad de expresión: sería inadmisible que cualquier autoridad trate de amordazar a la prensa, querellando por...
Leer la nota completa en Diario ABC
