Un grupo de estudiantes se manifestaron hoy frente al edificio del Ministerio de Educación, reclamando la derogación de una ley que de acuerdo a ellos representa retroceso en materia de Derechos Humanos. Pidieron políticas de Estado con enfoque a la perspectiva de género en las instituciones educativas para reducir los altos indices de violencia contra la mujer.
Los tres empleados eran pagados con recursos del Estado por los trabajos que hacían en su propiedad.
El diputado colorado fue acusado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras admitir el ilícito y ofrecer pagar G. 30 millones, así como hacer una donación de G. 5 millones, obtuvo la suspensión condicional
Leer la nota completa en Red Guaraní