Luego del pedido del Ministerio de Defensa Nacional, desde la Procuraduría General de la República, analizar la factibilidad de aplicación de una multa de hasta US$ 30 millones para los actores de justicia vinculados en la entrega de tierras del Chaco protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza. La sentencia en primera instancia realizó la ex jueza imputada Tania Irún, confirmados por los camaristas Miguel Rodas, Antonia López (quedó sin cargo) y Stella Mary Zarate, y avalados por los ministros de la Corte Antonio Fretes y César Diesel.
Luego del pedido del Ministerio de Defensa Nacional, desde la Procuraduría General de la República, analizar la factibilidad de aplicación de una multa de hasta US$ 30 millones para los actores de justicia vinculados en la entrega de tierras del Chaco protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza. La sentencia en primera instancia realizó la ex jueza imputada Tania Irún, confirmados por los camaristas Miguel Rodas, Antonia López (quedó sin cargo) y Stella Mary Zarate, y avalados por los ministros de la Corte Antonio Fretes y César Diesel. En contacto con ABC, el Director General Jurídico de...
“El análisis pertinente, correspondiente a la verificación de los supuestos de la norma y de toda la documentación remitida, determinará las acciones que correspondan sean promovidas. La Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza, a través de la Procuraduría General de la República, en caso de observar irregularidades en los actos jurídicos relacionados con los inmuebles ubicados dentro de la franja de Seguridad Fronteriza, podrá iniciar las acciones legales respectivas”, dijo el alto funcionario.
El Ministerio de Defensa Nacional, a cargo del ministro Bernardino Soto Estigarribia, remitió a la Procuraduría General de la República los antecedentes de la sentencia judicial que ordenó la transferencia de 310 mil hectáreas de tierras del Chaco en favor de cuatro empresas offshore de paraísos fiscales. Las tierras en disputa se encuentran en la zona de Seguridad Fronteriza, protegida por la misma Ley 2532/05 que Establece la Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay.
El artículo 8 de la misma ley menciona: “Los actos jurídicos que contraríen lo dispuesto en esta Ley, serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes. La nulidad del acto traerá aparejada una multa equivalente al doble del valor de la operación.”
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