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La propuesta legislativa plantea que toda la cadena de producción y distribución de carne aplique un margen máximo de utilidad sobre los cortes populares específicos. Este mecanismo busca limitar la ganancia sectorial y, consecuentemente, asegurar valores más bajos en el mercado.
Además, el proyecto faculta a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) para ejercer el control de este esquema de precios. También prevé una serie de incentivos fiscales, logísticos y comerciales dirigidos tanto a frigoríficos como a comercios, con especial enfoque en las zonas vulnerables del país.
Las comisiones de asesoría han emitido fuertes advertencias sobre la viabilidad del texto. Específicamente, la asesoría de la Comisión de Legislación, presidida por el senador Derlis Maidana (ANR, HC), alertó que la propuesta contraviene diversos principios constitucionales.
Entre las violaciones señaladas se encuentran la libre competencia, la libre exportación y la propiedad privada. Esto ocurre al imponerse un margen fijo de ganancia que podría afectar directamente la rentabilidad del sector cárnico.
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