Todo parece indicar que el MOPC está embarcado en concretar un nuevo sospechoso fato de grandes proporciones antes de la finalización de esta administración. El negociado de la privatización de los peajes ha sido revelado y sus protagonistas puestos al descubierto, pero aún así la decisión de consumarlo parece estar firme. Recordemos que, con el pretexto de mejorar las estaciones y así aumentar la recaudación, años atrás la cartera ministerial financió la supuesta modernización de los puestos llegando a abonar la sideral suma de 17 millones de dólares. Una vez recibidos estos puestos se orquestó el verdadero negocio: la privatización, que está sospechado de varias irregularidades en relación con una de las empresas adjudicadas, la uruguaya Ramón C. Álvarez. El MOPC no demostró un interés real por aclarar el asunto y, lejos de cancelar la licitación, solo dejó en suspenso la firma del contrato a las resultas de un informe solicitado sobre la mencionada firma uruguaya. Ante tan dudosos procedimientos que se dan en esa cartera, los ciudadanos y las ciudadanas deben estar muy atentos para denunciar las irregularidades que detecten en estos proyectos, que al parecer, más que mejorar las condiciones de la red vial o la circulación por las rutas, buscan recaudar para la corona.
Todo parece indicar que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) está embarcado en concretar un nuevo sospechoso fato de grandes proporciones antes de la finalización de esta administración, en agosto próximo. El negociado de la privatización de los peajes ha sido revelado y sus protagonistas puestos al descubierto, pero aun así la decisión de consumarlo parece estar firme.
Recordemos que, con el pretexto de mejorar las estaciones y así aumentar la recaudación, años atrás la cartera ministerial financió la supuesta modernización de los puestos llegando a abonar la sideral suma de 17 millones de dólares. Una vez recibidos estos puestos se orquestó el verdadero negocio: la privatización.
Como ha venido siendo costumbre en esa cartera de Estado, debido a las irregularidades publicadas en su momento, una primera licitación fue cancelada sin aclararse los motivos oficiales de esta decisión. Sin embargo, como el negocio ya estaba montado y había que ejecutarlo a como dé lugar, se convocó a un segundo llamado que igualmente está plagado de irregularidades, y en el que una de las empresas adjudicadas, la uruguaya Ramón C. Álvarez SA, está acusada de haber falseado datos para competir. En este llamado, la firma en cuestión aparece consorciada con la paraguaya CDD, de César Daniel...
Una de las irregularidades tiene que ver con que, días después de haberse hecho la adjudicación, el MOPC recibió vía correo electrónico la denuncia de la Corporación Vial del Uruguay (CVU), que desmentía la supuesta experiencia específica en obras similares, que había declarado tener Ramón C. Álvarez para adjudicarse la operación por 10 años de un total de 13 puestos de peaje a lo largo del territorio nacional. Aun más, las mentiras de la mencionada empresa no terminan allí, ya que según otras evidencias tiene apenas tres años y cinco meses de experiencia y no alcanzaba siquiera los cuatro...
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