A pedido del Ministerio Público, el juez Osmar Legal sobreseyó definitivamente a John Gerald Matthias y Luis María Zubizarreta, directivos de Zeta Banco que en principio habían sido imputados por supuesto lavado de dinero derivada del operativo Pavo Real II. Se alegó que en la fase de comprobación fueron incorporados numerosos elementos que desvirtuaron parcialmente […]
A pedido del Ministerio Público, el juez Osmar Legal sobreseyó definitivamente a John Gerald Matthias y Luis María Zubizarreta, directivos de Zeta Banco que en principio habían sido imputados por supuesto lavado de dinero derivada del operativo Pavo Real II. Se alegó que en la fase de comprobación fueron incorporados numerosos elementos que desvirtuaron parcialmente las hipótesis iniciales y generaron dudas razonables sobre la participación dolosa o negligente de los imputados en el hecho objeto de investigación.
Según el A.I. Nº 386, dictado el pasado 10 de noviembre, los ahora sobreseídos habían sido investigados por presunta participación en la venta irregular del establecimiento rural “Estancia Negla Poty”, ubicado en Bella Vista Norte, Amambay, por un valor de 1.725.750 dólares. Dicha operación habría involucrado a la firma Finexpar SAECA (actual Zeta Banco), representada por Luis María Zubizarreta y John Gerald Mathías y a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado fallecido Eulalio Gomes.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Andrés Arriola e Ingrid Cubilla, sostuvo inicialmente que la transacción habría dado apariencia de legalidad a un inmueble supuestamente vinculado con la estructura criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, investigada en la causa “Pavo Real I”. No obstante, durante la investigación se incorporaron nuevos elementos que desvirtuaron la hipótesis fiscal inicial.
Entre las pruebas recabadas figuran informes de la Superintendencia de Bancos, peritajes técnicos del Ministerio Público, contratos y actas de directorio de las entidades financieras implicadas, además de testimonios de funcionarios bancarios. Todos coincidieron en que la operación se realizó conforme a los protocolos de prevención de lavado de activos y las normas del Banco Central del Paraguay.
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