El Tribunal de Apelación otorgó la prórroga extraordinaria de 6 meses para el requerimiento conclusivo del fiscal Silvio Corbeta en la causa que investiga a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán y otros por administración en provecho propio y asociación criminal. En dicha causa está pendiente el desafuero del diputado Esteban Samaniego, anterior intendente de […]
El Tribunal de Apelación otorgó la prórroga extraordinaria de 6 meses para el requerimiento conclusivo del fiscal Silvio Corbeta en la causa que investiga a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán y otros por administración en provecho propio y asociación criminal. En dicha causa está pendiente el desafuero del diputado Esteban Samaniego, anterior intendente de esta localidad, que constituye una traba legal para ser procesado formalmente.
El representante del Ministerio Público había fundamentado su pretensión atendiendo a la cantidad de informes solicitados que aún no fueron contestados, ante complejidad del caso, el plazo máximo para la etapa preparatoria tampoco alcanzaría suficientemente para la realización de las diligencias que se pretenden incorporar a la investigación. Cabe recordar que el plazo inicial estaba fijado para el día 11 de junio del 2024 y con la prórroga la acusación u otro requerimiento està previssto para , el día 11 de diciembre del 2024.-
Entre los informes sin contestación formal figuran : 1. Informe de la DNIT si las personas físicas y/o jurídicas investigadas, se encuentran registradas como contribuyentes, sobre sus obligaciones tributarias, constancia de RUC, copias autenticadas o certificadas de la escritura de la constitución, modificaciones, actas asamblearias u otros documentos, presentados desde su inscripción. 2. Informe a las entidades financieras si las personas físicas y/o jurídicas investigadas en el caso, registran cuentas en el sistema financiero, indicando el tipo de cuenta, fecha de apertura, estado de la...
Además tampoco se descarta la probable comisión de otros hechos que pudiesen ser consecuencia del posible desvío de fondos los que serían conexos con el lavado de activos o enriquecimiento ilícito de parte de funcionarios públicos, por tanto, resulta más que necesario conceder el plazo solicitado a fin de agotar las diligencias investigativas.
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