Solamente con la población de personas procesadas ya se supera la capacidad del sistema penitenciario, donde solamente el 23% está privada de libertad cumpliendo una condena.
El hacinamiento en las cárceles es un problema que se ha generado desde hace años, y técnicos la vinculan principalmente con el abuso de las medidas de prisión preventiva por parte de los actores judiciales, tanto desde el Ministerio Público a la hora de solicitarlas, como desde los Juzgados de Primera Instancia, donde se ordenan la privación de libertad de los procesados.
En el estudio “Violencia en el encierro – Racionalidades de la prisión preventiva en Paraguay”, coordinado por Juan Martens y Roque Orrego, se destaca que nuestro país es uno de los países del mundo con mayor población penal sin condena.
Si bien, con las actuales administraciones del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Defensa Pública se ha realizado un arduo trabajo para disminuir el hacinamiento en las cárceles, la situación sigue siendo delicada, justamente porque la reducción del uso excesivo de las medidas de prisión preventiva no ha sido suficiente.
Según los datos oficiales, en Paraguay tenemos 19 centros de privación de libertad para personas mayores de edad, y entre todos tienen una capacidad de albergar a 9.492 personas. Sin embargo, actualmente la población penal adulta llega a 14.844, es decir, se supera el 56% de la capacidad del sistema penitenciario.
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