La secretaria general adjunta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la finlandesa Mari Kiviniemi, presentó ayer en Asunción un documento sobre gobernanza pública, en el que entre otras cosas advierte que Paraguay necesita “crear un Estado capaz de dirigir el desarrollo del país”.
La OCDE admite en su estudio que Paraguay “se ha convertido en una de las economías más dinámicas de América Latina”, pero también pone sobre el tapete, con énfasis, temas económicos y sociales muy espinosos. Alerta que “sigue habiendo una gran desigualdad”, pues “la pobreza está lejos de ser erradicada y todavía queda mucho por hacer para crear empleos bien pagados y formales para todos los paraguayos en todas las regiones del país”.
En el acto cumplido ayer en un hotel capitalino, en el que participó junto al canciller Eladio Loizaga y el titular de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas, la enviada de la OCDE sostuvo que nuestro país precisa además “aumentar la inversión pública” y “fomentar la igualdad en el acceso a servicios públicos”, mientras que el documento ya mencionado cita varias dificultades de la gobernanza pública nacional.
En ese sentido, comienza por la capacidad administrativa relativamente reducida debido a que “muchas instituciones públicas creadas a partir de 1989 siguen siendo frágiles y poseen mecanismos limitados de dirección y de rendición de cuentas”, y también hay ausencia de un programa o estrategia coherente e integrado de modernización del Estado, porque “en el pasado las reformas se aplicaban a menudo siguiendo las necesidades inmediatas, impulsada por un imperativo político o compromisos internacionales asumidos”.
Además de la necesidad que dice tiene el país de mejorar la coordinación de las políticas públicas, la OCDE sostiene que “falta un sistema de contratación de personal moderno, transparente y meritocrático para los funcionarios públicos”, lo que no ocurre a raíz de la “resistencia de algunas instituciones y actores políticos”, según este estudio, que fue financiado por la Unión Europea (UE).
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