Paraguay enfrenta una crisis digital sin leyes efectivas ni gobernanza en ciberseguridad, dejando expuesta a su ciudadanía.
La digitalización de los servicios públicos, la gestión de datos y la modernización del Estado requieren, sin excepción, una arquitectura sólida de ciberseguridad. Paraguay, sin embargo, atraviesa una crisis profunda en este ámbito.
A pesar de haber aprobado recientemente la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025–2028, el país continúa operando sin rumbo claro, sin recursos institucionales y sin articulación entre sus actores clave.
Esta situación se agrava en un contexto donde la academia se encuentra debilitada, los organismos electorales operan al margen de los avances técnicos y la ciudadanía digital carece de derechos garantizados por ley.
Lo que debía ser una transformación digital ordenada y segura se ha convertido en una serie de esfuerzos fragmentados, narrativas desconectadas y políticas inconclusas.
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