Empleadas de Cevima SA, de Vallemí, propiedad de Claudio Escobar Brizuela, que realiza tareas de limpieza en el hospital del IPS de dicha ciudad, denunciaron que no cobraron salarios de octubre, noviembre ni diciembre de 2017; tampoco el aguinaldo.
Se comunicaron con este diario las funcionarias María Dejesús Martínez Bogarín, con cédula de identidad Nº 4.838.098; María Cristina Villalba, con documento de identidad Nº 1.086.909; María Alicia Díaz, con cédula Nº 2.685.021, y Benita Graciela Carballo, con cédula de identidad Nº 2.334.474, todas residentes de la ciudad de Vallemí, departamento de Concepción.
Este caso se suma a otros muy similares de atrasos de varios meses en el pago de salarios, así como la falta de condiciones adecuadas para la prestación del citado servicio.
Lo llamativo de estos casos es que el ente contratante es nada menos que el Instituto de Previsión Social (IPS), que -aparentemente- a pesar de las denuncias- nada ha hecho hasta ahora para corregir esta situación ilegal y obligar a la firma tercerizada a cumplir sus obligaciones laborales.
Según fuentes del ente previsional, actualmente está vencido el contrato suscrito entre la empresa y el Instituto, y esa sería la causa principal de esta situación, aunque todavía tiene dinero que cobrar.
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