La juez Cynthia Lovera otorgó dos meses más, como prórroga ordinaria, al fiscal Christian Ortiz para que presente requerimiento conclusivo, en relación a cuatro policías y un civil que fueron imputados por el supuesto hurto de siete pistolas y dos revólveres. Las armas estaban bajo resguardo en la oficina de Ayudantía de la Dirección de […]
La juez Cynthia Lovera otorgó dos meses más, como prórroga ordinaria, al fiscal Christian Ortiz para que presente requerimiento conclusivo, en relación a cuatro policías y un civil que fueron imputados por el supuesto hurto de siete pistolas y dos revólveres. Las armas estaban bajo resguardo en la oficina de Ayudantía de la Dirección de Criminalística y debían ser remitidas al Ministerio Público.
Los procesados en esta causa son José Ricardo Fernández Aguilera, Hugo Daniel Cristaldo Barreto, Alberto Benítez Caballero, Pablo Damián Escobar Quiñónez y Nelson Sosa Cáceres. Todos están imputados por presunta detentación ilegal de armas, producción de riesgos comunes con material controlado, quebrantamiento de depósito, reducción y asociación criminal.
Durante la audiencia celebrada, el fiscal interino Alejandro Cardozo, en representación del agente fiscal titular Christian Ortiz, argumentó que el plazo inicial de cuatro meses otorgado para la investigación resultó insuficiente debido a la complejidad del caso. Señaló que se incautaron 21 teléfonos celulares, tanto de los procesados como de otros funcionarios presuntamente involucrados, cuyos contenidos deben ser sometidos a pericias forenses, analizados e integrados a la causa, lo que exige más tiempo.
Las defensas técnicas adoptaron posturas diferentes. Mientras la abogada Herme Cristaldo, en representación de Alberto Benítez, se adhirió plenamente al pedido fiscal señalando que aún quedan diligencias pendientes que podrían alterar la situación jurídica de su defendido, el abogado Julio Palma, defensor de Nelson Sosa Cáceres, se opuso categóricamente. Palma cuestionó la falta de fundamentos específicos en el requerimiento fiscal y alegó que no existen elementos suficientes que vinculen de manera directa a su cliente con la presunta estructura delictiva.
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