El diputado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko (ANR, cartista), representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), expresidente y actual vicepresidente primero del más alto Tribunal que juzga a fiscales y jueces en el Paraguay, no puede durar un minuto más en ningún cargo público. El seriamente indiciado por actos que serían ilegales tuvo el descaro de solicitar ayer un vergonzoso “permiso temporal” indeterminado. Esta ignominia, en el máximo tribunal juzgador de jueces y fiscales, es absolutamente inadmisible y deshonrosa para la República del Paraguay en general y para los otros miembros del JEM en particular. Si nuestra República no aprovecha coyunturas como estas para emprender una depuración profunda de sus instituciones, arrancar de raíz la podredumbre legislativa, judicial y fiscal, aplicar castigos ejemplares e implacables a los corruptos, sin margen de duda podremos afirmar que en Paraguay, la mafia manda.
Orlando Arévalo y sus protegidos no deben continuar ni un minuto más en sus cargos
El diputado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko (ANR, cartista), representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), expresidente y actual vicepresidente primero del más alto Tribunal que juzga a fiscales y jueces en el Paraguay, no puede durar un minuto más en ningún cargo público. El seriamente indiciado por actos que serían ilegales tuvo el descaro de solicitar ayer un vergonzoso “permiso temporal” indeterminado. Esto es una pesadilla repetida; en el pasado, la Corte Suprema de Justicia operó en el límite de lo legítimamente permitido cuando se le permitió...
Esta ignominia, en el máximo tribunal juzgador de jueces y fiscales, es absolutamente inadmisible y deshonrosa para la República del Paraguay en general y para los otros miembros del JEM en particular: todos ellos han sido embadurnados por el pestilente y fétido hedor que desprenden las conversaciones entre el difunto Eulalio “Lalo” Gomes y Orlando Arévalo, además de los chats con fiscales que estaban acusados y querían “solucionar” sus controversias con la legalidad.
¿Quién fiscal o juez podría tener las agallas de investigar, imputar o acusar a quien todavía es miembro del Tribunal que lo puede despellejar? Si las evidencias abundan de que, plata mediante, habrían logrado salvar a insalvables, ¿qué garantías procesales tendrían fiscales y jueces para investigar a nada más y nada menos que a quien sería la cabeza del esquema que se investiga?
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