Operativo Andina: ratifican prisión preventiva de imputado por tráfico de armas - PDS RADIO Y TV

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La Juez Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de Isabelino Jiménez, del comercio Caza y Pesca Santa Rosa de Lima, investigado por presunto tráfico internacional de armas. No obstante, la magistrada ordenó al Director de la Penitenciaria Nacional De Tacumbú que arbitre todos los mecanismos necesarios a fin de que el imputado continue con el […]

La Juez Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de Isabelino Jiménez, del comercio Caza y Pesca Santa Rosa de Lima, investigado por presunto tráfico internacional de armas. No obstante, la magistrada ordenó al Director de la Penitenciaria Nacional De Tacumbú que arbitre todos los mecanismos necesarios a fin de que el imputado continue con el tratamiento recomendado por los médicos tratantes y en caso de ser necesario, que sea trasladado hasta el INERAM, ante su problema de salud.

La defensa técnica de Jiménez, representada por el abogado Jorge Pereira, solicitó la sustitución de la medida cautelar por arresto domiciliario, argumentando la avanzada edad del imputado, su grave estado de salud y el arraigo familiar como factores que garantizarían su sometimiento al proceso judicial. Durante la audiencia, se presentaron informes médicos que detallan que Jiménez padece tuberculosis y problemas pulmonares severos, lo que habría llevado a un notable deterioro físico durante su estancia en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

La defensa también ofreció como garantía la fianza personal de una sobrina del procesado, Claudia Marcela Villasanti, además del compromiso familiar de garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas. Sin embargo, la magistratura consideró que los argumentos y las garantías presentadas no son suficientes para mitigar los riesgos procesales, como la posible fuga o la obstrucción del proceso investigativo.

El juzgado argumentó que la naturaleza del delito imputado, relacionado con el tráfico de armas, tiene un alto impacto en la seguridad pública y la estabilidad del Estado, por lo que no pueden minimizarse los riesgos asociados. Asimismo, se destacó que la prisión preventiva es proporcional a la pena que podría imponerse en caso de condena, la cual oscila entre seis meses y diez años de reclusión.

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