La Organización de Naciones Unidas ha vivido un 2023 muy difícil bajo acusaciones de inoperancia política, pero apelando siempre a su autoridad moral para denunciar injusticias, exigir la protección de los civiles en los conflictos y aportarles una ayuda de la que en muchos casos depende su supervivencia.
Dos guerras enormemente divisivas en el tablero geopolítico han coincidido este año: la de Ucrania, heredada de 2022, y la de Gaza, que estalló el 7 de octubre, sin que la ONU haya podido hacer algo decisivo para ponerles fin o para, al menos, conseguir treguas humanitarias.
La acción del Consejo de Seguridad, máximo órgano ejecutivo de Naciones Unidas, ha quedado varias veces paralizada a lo largo del año por el poder de veto que cinco países (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) tienen sobre cualquiera de sus decisiones.
El caso más reciente y dramático ha sido el bloqueo por parte de Estados Unidos de una resolución para forzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, donde la ofensiva israelí ha causado la destrucción del 60 % de la infraestructura y la muerte de más de 18.000 civiles, sin que exista esperanza de un pronto cese de las hostilidades.
Mientras, la Asamblea General, el órgano donde se sientan los 193 Estados miembros de la ONU en pie de igualdad, se ha convertido en una caja de resonancia a la que saltan los conflictos no resueltos en el Consejo de Seguridad, sin que su acción sea más efectiva.
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