Con respecto a la excepción, la defensa ataca el resultado del informe de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional que fue ofrecida como prueba por el Ministerio Público. En el caso, en los audios filtrados y dados a conocer por ABC Cardinal, se escuchaba cómo supuestamente negociaban los casos judiciales entre los procesados.
No obstante, el principal cuestionamiento de la defensa es que los audios no fueron autorizados judicialmente, por lo que son ilegales, y como tales no pueden ser usados en el juicio.
Sin embargo, la fiscala Natalia Fúster manifestó que desde la Fiscalía decidieron no agregar como elemento probatorio los audios justamente para evitar inconvenientes.
Sobre el punto, explicó que sí se presentaron como pruebas el desgrabado de las conversaciones, así como otros elementos que son el detalle de los cruces de llamadas y los informes de auditoría de gestión que hizo la Corte, entre otros.
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