La guerra en Ucrania ha entrado en una fase marcada por una creciente presión diplomática, económica y militar contra Moscú. En las últimas semanas, Estados Unidos y la Unión Europea han reforzado las conversaciones para articular un frente común que combine sanciones financieras, aranceles dirigidos a los principales compradores de petróleo ruso y un aumento […]
La guerra en Ucrania ha entrado en una fase marcada por una creciente presión diplomática, económica y militar contra Moscú. En las últimas semanas, Estados Unidos y la Unión Europea han reforzado las conversaciones para articular un frente común que combine sanciones financieras, aranceles dirigidos a los principales compradores de petróleo ruso y un aumento del suministro de armamento a Kiev.
El presidente estadounidense, Donald Trump, planteó imponer aranceles de entre el 50% y el 100% a países como China e India, a quienes señala como los principales financiadores indirectos del esfuerzo bélico ruso por medio de la compra de hidrocarburos. Según altos funcionarios en Washington, esta estrategia apunta a atacar “la fuente de ingresos que sostiene la maquinaria de guerra de Putin”. La propuesta fue transmitida a representantes europeos en reuniones recientes, con la advertencia de que si Bruselas acompaña, Washington intensificará sus medidas de inmediato.
La iniciativa se enmarca en un escenario en el que Estados Unidos ya duplicó los aranceles a la India y estudia extender el mismo esquema a China. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió en que sin sanciones secundarias a los compradores de petróleo ruso, cualquier otro castigo carece de fuerza real. “Si no se imponen sanciones a quienes financian indirectamente al Kremlin, el resto es pura retórica”, subrayó.
En paralelo, una delegación europea encabezada por David O’Sullivan viajó a Washington para negociar lo que podría convertirse en el primer paquete de sanciones transatlánticas coordinadas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. El borrador que manejan los Veintisiete incluye penalizaciones a bancos y empresas energéticas rusas, así como nuevas restricciones al comercio de petróleo y al acceso a sistemas de pago internacionales.
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