El objetivo es proteger a los usuarios del transporte público en su calidad de destinatarios, en lo que respecta a la adquisición y recarga del billetaje.
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) será la autoridad de aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. Se encargará de la supervisación, fiscalización y sanción.
Queda prohibido ofrecer y vender los medios de pago electrónico, por un precio mayor al fijado a los consumidores finales por parte de las empresas prestadoras del servicio emisora de los mismos.
También está prohibido ofrecer o realizar recargas de los medios de pago electrónico, por un monto nominal inferior al valor monetario de la recarga a realizar o realizada.
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