La defensa de Guido Ramón Vargas Gaete, exsecretario municipal de Quyquyhó (2015), recusó al juez penal de Garantías Humberto Otazú, logrando suspender por segunda vez la audiencia preliminar de la causa que investiga un desvío de G 1.100 millones de la comuna, en la cual también está acusada Patricia Corvalán, intendenta de Quyquyhó, esposa del […]
La defensa de Guido Ramón Vargas Gaete, exsecretario municipal de Quyquyhó (2015), recusó al juez penal de Garantías Humberto Otazú, logrando suspender por segunda vez la audiencia preliminar de la causa que investiga un desvío de G 1.100 millones de la comuna, en la cual también está acusada Patricia Corvalán, intendenta de Quyquyhó, esposa del diputado colorado Esteban Samaniego.
El planteamiento fue presentado por el abogado Juan David Campuzano, quien alega que el juez penal de garantías Humberto Otazú habría adelantado criterio al referirse a Vargas como supuesto cómplice en el momento de imponer medidas cautelares.
Se trata de la segunda vez que se suspende la preliminar; en la primera fecha fijada 14 al 14 de julio, la misma quedó suspendida en su segunda fecha, tras la recusación planteada por el exjefe de UOC de la comuna de Quyquyhó, Enrique Javier Lovera Lezcano, contra el fiscal Silvio Corbeta y el juez Humberto Otazú.
De acuerdo a la acusación, la UOC de la Municipalidad cursó varias invitaciones entre el 2013 al 2017 para el suministro de bienes y servicios casi siempre al mismo esquema empresarial, todos vinculados o al servicio del desvío de fondos, que fueron adjudicadas especialmente a la empresa BH Service S.R.L.
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