Los nuevos audios difundidos por Radio ABC Cardinal revelan que en la Justicia Electoral –“Custodio de la voluntad popular”– hay funcionarios dispuestos a delinquir en beneficio propio y en el de ciertas candidaturas. En concreto, según los dichos del jefe de Control de Calidad de la Dirección de Informática, del TSJE, Miguel Ángel Iturburo, el senador Jorge Oviedo Matto habría sido favorecido por el citado funcionario con la carga informática fraudulenta de 200 votos, que pudieron haber definido su reelección. Estos escandalosos hechos arrojan un deplorable baldón sobre un acontecimiento que necesita de la mayor confianza acerca de su transparencia. Más allá de las investigaciones que deben iniciarse para esclarecer los hechos, lo que resulta evidente, por de pronto, es que al menos un relevante cargo de la Justicia Electoral venía siendo ejercido por un personaje corrompido hasta la médula, que no está al servicio del Estado, sino de un partido y de quienes están dispuestos a sobornarle. El TSJE informó que denunció el caso ante el Ministerio Público, pero, lamentablemente, ni este organismo que dice representar a la sociedad, ni la Justicia Electoral ni la ordinaria garantizan una investigación o un juicio imparciales, ya que todos están sometidos al poder político.
Los nuevos audios difundidos por Radio ABC Cardinal revelan que en la Justicia Electoral –“Custodio de la voluntad popular”– hay funcionarios dispuestos a delinquir en beneficio propio y en el de ciertas candidaturas. En concreto, según los dichos del jefe de Control de Calidad de la Dirección de Informática, del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Miguel Ángel Iturburo, el senador Jorge Oviedo Matto habría sido favorecido por el citado funcionario con la carga informática fraudulenta de 200 votos, que pudieron haber definido su reelección, y con las copias –a cambio de 25...
Del ilustrativo diálogo telefónico surge también que el facineroso funcionario pudo haber operado en provecho del partido oficialista, a sabiendas de que estaría incurso en el art. 276 del Código Penal, que castiga el falseamiento de los comicios con hasta cinco años de prisión o con multa: “Yo te cuento y ojalá no me grabes. Si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar al PLRA, (al Partido) Herederos y el que sea”.
Empero, la cautela del obediente servidor era innecesaria, según sus propias palabras: “Yo, en el TSJE (Tribunal Superior de Justicia Electoral), tengo la suficiente protección para cuidarme y saber lo que hago”. Si pudo afirmar que Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka encubrirían sus fechorías, juntos o por separado, es porque la experiencia le enseñaba que esos magistrados indignos estarían inmersos en la misma nauseabunda cloaca político-judicial en la que él chapotea para ganar dinero y adulterar resultados electorales.
Miguel Ángel Iturburo también da a entender que el Partido Colorado, que en el pasado era dueño absoluto de la Justicia Electoral y de los padrones, sigue haciendo de las suyas, pese a que hoy diferentes agrupaciones están representadas en ese organismo. “Si a mí la ANR me dice: ‘Miguel, cambiame’, que ellos (los otros partidos) traigan lo que tienen (actas) y que vaya a juicio; eso va a tardar un año y chau ya; ¿entendés?”, expresó en otra parte de los audios.
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