No se observa un próximo fin al calvario de los usuarios del transporte - Editorial - ABC Color

No se observa un próximo fin al calvario de los usuarios del transporte - Editorial - ABC Color

El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley sobre el transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para crear, según dice, un marco que permita modernizar el sistema mediante la incorporación de buses nuevos, de tecnologías innovadoras y de modelos de gestión sostenibles para los futuros concesionarios, priorizando siempre a los usuarios.

No se observa un próximo fin al calvario de los usuarios del transporte

Entre las numerosas novedades de la iniciativa, se incluyen la compra estatal de al menos mil buses, la creación de un fideicomiso sostenido por los subsidios y el billetaje electrónico, y las concesiones de quince a veinte años a ser otorgadas a solo unas diez operadoras. Fue presentada el último 24 de julio, día que la ministra Claudia Centurión –como siempre ocurre con cualquier decisión que toma este Gobierno– calificó de nada menos que “histórico”, aunque después termine en la nada, en tanto que el presidente Santiago Peña advirtió desde ya que el proceso de reforma “llevará su...

En verdad, ya se ha perdido bastante tiempo en una cuestión de suma importancia que desde hace años, no solo en este Gobierno, tiene en vilo a quienes deben desplazarse en unos buses obsoletos “regulados” por unos “empresarios” chantajistas, que reciben subsidios a costa de los contribuyentes de todo el país. Más allá de los aciertos o de los defectos que tenga el proyecto de ley en cuestión, que podría ser modificado una vez más por la Cámara de Diputados, cabe llamar la atención sobre el hecho de que en el Paraguay las leyes no suelen tener vigencia efectiva, independientemente de su...

Tal es el caso de la aún no reglamentada Ley N° 6789/21, “que cancela la licencia, el itinerario y el subsidio a empresas del transporte público infractoras de la ley”, y califica de “coacción y perturbación de servicios públicos” el hecho punible de que sus directivos, accionistas o representantes legales o gremiales amenacen o extorsionen, por cualquier medio, a órganos estatales relacionados con sus servicios. A tanto llega aquí la desidia o la connivencia que, en abril de 2023, el entonces senador Miguel Fulgencio Rodríguez le recordó a Rodolfo Segovia, que estaba al frente del MOPC, la...

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