Por medio de sus redes sociales, el presidente Santiago Peña anunció la promulgación de la ley contra las ONG, conocida como la “Ley Garrote”, que busca perseguir y amedrentar a aquellas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas contrarios a la agenda estatal o cuyos directores son considerados “enemigos del Gobierno”. En nada importó al presidente Peña las sendas recomendaciones de expertos en materia constitucional que ya avizoraban las graves violaciones de esta ley a derechos y libertades fundamentales; tampoco importaron las cartas remitidas por las Relatorías de organismos internacionales sobre los peligros que implica esta ley para la vigencia de derechos como la libertad de asociación, la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, entre otros. Se observa en ella un cúmulo perfecto de violaciones constitucionales, y viniendo de Santiago Peña no era de esperar una postura valiente en contra de las mismas; no obstante, no deja de causar decepción.
Por medio de sus redes sociales, el presidente Santiago Peña anunció la promulgación de la ley contra las ONG, conocida como la “Ley Garrote”, que busca perseguir y amedrentar a aquellas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas contrarios a la agenda estatal o cuyos directores son considerados “enemigos del Gobierno”.
En nada importó al presidente Peña las sendas recomendaciones de expertos en materia constitucional que ya avizoraban las graves violaciones de esta ley a derechos y libertades fundamentales; tampoco importaron las cartas remitidas por la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, quienes manifestaron su preocupación sobre los peligros que...
Tampoco importó el comunicado de prensa realizado por el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien, al igual que las relatoras de Naciones Unidas, manifestó su preocupación en cuanto a la aprobación de esta ley, diciendo que podría obstaculizar y restringir el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay. Esta Oficina exhortó a Santiago Peña a considerar las normas y estándares interamericanos de derechos humanos y analizar el veto de la ley.
Mucho menos importó la evaluación de la calificadora de riesgos Fitch Ratings, que mantuvo a Paraguay por debajo del grado de inversión, citando entre los factores que influyeron en esta decisión “un nivel moderado de derechos para la participación en el proceso político... un Estado de derecho débil...”, entre otros. Bajo el eslogan de “transparencia” el Estado ha logrado crear una ley cuyo objetivo no es solo tener el control de derechos antes protegidos por la privacidad, sino servir de garrote político para quien no se adecue al interés coyuntural. En tiempos del dictador Stroessner la...
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