Si hay una razón por la cual el pueblo concede al Estado el monopolio del uso de la fuerza es la seguridad. Las llamadas sociedades civilizadas que superaron la “ley de la selva” y la justicia por mano propia asientan su convivencia en la seguridad que el Estado, por mandato constitucional, les proporciona. Los últimos […]
Si hay una razón por la cual el pueblo concede al Estado el monopolio del uso de la fuerza es la seguridad. Las llamadas sociedades civilizadas que superaron la “ley de la selva” y la justicia por mano propia asientan su convivencia en la seguridad que el Estado, por mandato constitucional, les proporciona.
Los últimos días fuimos nuevamente sacudidos por noticias que violentan nuestra sensibilidad como seres humanos y nos indignan como ciudadanos. La aparición sin vida de una joven que fue obstinadamente buscada por sus familiares durante semanas, la desaparición de dos mujeres cuya fotografía circula permanentemente en las redes en busca de alguna pista, la condición delicada de un joven que, al percatarse de un robo quiso auxiliar a la víctima, así como tantos otros episodios que inundan el ciberespacio, son una muestra más de la incompetencia del gobierno en materia de seguridad.
Esta situación de laxitud y falta de respuesta frente al crimen por parte de la fuerza pública contrasta vivamente con las escenas de represión brutal que percibimos en imágenes y testimonios de desalojos de comunidades indígenas o dispersión de manifestantes durante las protestas callejeras.
Un senador puso anteayer en tela de juicio la profesionalidad de los agentes de la Policía Nacional y apuntó a su cuestionable formación, afirmando que la sensación de inseguridad en la población llega en estos momentos al 100%. Lo dicho por el parlamentario no es cuestión menor, sus colegas en el cuerpo legislativo deberían abordar el tema y empezar a preguntarse seriamente cuáles son las fallas del sistema.
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