El denominado proceso electoral de Nicaragua, que no cuenta con oposición por haber sido encarcelada por el régimen del gobernante sandinista Daniel Ortega, empieza a tener consecuencias internacionales. La aprobación de la Ley Renacer (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua) en el Congreso de Estados Unidos, y el desconocimiento de la comunidad internacional a los comicios, llevarán al país a una crisis aún mayor.
Las anunciadas elecciones se desarrollan en medio de un Estado policial y ante el escepticismo, temor e incertidumbre de los nicaragüenses por lo que vendrá después de las elecciones en las que Ortega se impondrá con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Siete aspirantes presidenciales que se organizaban para competir contra Ortega permanecen encarcelados. Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaurre, Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, fueron detenidos, junto a otros 32 opositores, en los meses previos a la jornada electoral.
Con ese escenario, para la mayoría de los nicaragüenses la suerte está echada. No se esperan sorpresas. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tienen el camino despejado para permanecer en el poder con lo que consolidarían su dinastía en el país apoyado por las armas del Ejército, la Policía y los grupos paramilitares.
Entre los encarcelados también están líderes de la empresa privada, que estuvieron aliados con Ortega durante 11 años, antes del estallido social de abril de 2018.
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