Lo único verdaderamente rescatable de la engañosa “reforma” de la Caja Parlamentaria, que acaba de ser aprobada con modificaciones por el Senado y vuelve para su sanción definitiva a Diputados, es la supuesta prohibición expresa de cualquier aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado para la impresentable “jubilación vip” de los miembros del Poder Legislativo. Sin embargo, subrepticiamente, ambas cámaras dejaron la puerta abierta para un rescate público en caso de liquidación del fondo, lo cual es inadmisible y echa por tierra cualquier teatro de renuncia de privilegios que se quiera montar. Los administradores y defensores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, o Caja Parlamentaria, presidida por la exsenadora Blanca Lila Mignarro, afirman que la misma es absolutamente sostenible, autosustentable y que no requiere de dinero estatal para cumplir sus objetivos. Esta afirmación es falsa.
Lo único verdaderamente rescatable de la engañosa “reforma” de la Caja Parlamentaria, que acaba de ser aprobada con modificaciones por el Senado y vuelve para su sanción definitiva a Diputados, es la supuesta prohibición expresa de cualquier aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado para la impresentable “jubilación vip” de los miembros del Poder Legislativo. Sin embargo, subrepticiamente, ambas cámaras dejaron la puerta abierta para un rescate público en caso de liquidación del fondo, lo cual es inadmisible y echa por tierra cualquier teatro de renuncia de privilegios que...
Los administradores y defensores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, o Caja Parlamentaria, presidida por la exsenadora Blanca Lila Mignarro, afirman que la misma es absolutamente sostenible, autosustentable y que no requiere de dinero estatal para cumplir sus objetivos.
Esta afirmación es falsa, pero, sea que lo fuera o no, si los parlamentarios quieren participar en una especie de “sistema Ponzi”, donde los aportantes de hoy paguen generosas jubilaciones a sus colegas retirados, pero se encuentren con que ya no habrá suficientes fondos cuando les toque retirarse a ellos, es problema suyo. Toda vez que no sea el Estado, es decir, el conjunto de la ciudadanía, el que en última instancia tenga que pagar los platos rotos.
Hay sobradas razones para presagiar que tarde o temprano buscarán recurrir al Estado para tapar los agujeros de un régimen que, matemáticamente, no tiene ninguna posibilidad realista de autofinanciarse.
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