Los apetecidos inmuebles fiscales son repartidos con frecuencia entre autoridades corruptas y usados para recaudar dinero con coimas. Uno de los casos más conocidos es el de San Agustín.
Las tierras públicas deben ser destinadas a beneficiarios del Estatuto Agrario, pero a menudo son utilizadas por políticos y funcionarios corruptos para enriquecerse a costa de un esquema de recaudación irregular y repartija de títulos. San Agustín. Uno de los casos más sonados fue el del negociado en la venta de las tierras de San Agustín al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Se trata de 5.723 hectáreas de tierras (fincas 95 de Tobatí y 104 de Atyrá) de la empresa San Agustín SA, propiedad del padre del ex senador Jorge Oviedo Matto, en Cordillera, sobrefacturada por G. 60.294 millones. Por el caso son procesados el ex presidente del Indert, Luis Ortigoza, y el ex diputado y actual parlasuriano liberal Milciades Duré.
El Estado llegó a pagar G. 46.884.846.163, el 27 de marzo de 2013. Las tierras debían ser destinadas a la agricultura familiar campesina, pero no eran aptas para el efecto, e igual Ortigoza y Duré resolvieron la compra.
Justo Cárdenas. Con arresto domiciliario se encuentra desde el pasado agosto el ex presidente del Indert, Justo Cárdenas, luego de ocho meses en la cárcel de Tacumbú, por un caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por no poder justificar G. 2.644.701.082, caso por el que ya fue acusado. Están también involucrados sus hijos Justo Cárdenas Pappalardo, María Alexandra Cárdenas Pappalardo y Allan Cárdenas Rodríguez, por lavado de dinero.
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