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La falta de acción del clan González permitió que Asunción avance en el cobro de una deuda millonaria al IPS, generando un precedente crítico.
El Instituto de Previsión Social (IPS) enfrenta un perjuicio de G. 75.235 millones tras una omisión procesal atribuida a la Procuraduría General de la República (PGR), bajo la dirección del clan González. La inacción del organismo estatal habría permitido que la Municipalidad de Asunción avance en el cobro de una deuda que pone en riesgo los fondos previsionales.
En 2023, la comuna capitalina inició un juicio de ejecución de resoluciones administrativas para exigir el pago de tributos acumulados entre 2018 y 2023. El monto, equivalente a unos 10 millones de dólares, incluye impuestos inmobiliarios, tasas y contribuciones, pese a que el IPS sostiene que sus bienes son inembargables por mandato constitucional.
El ente previsional, dirigido por José González Maldonado, presentó una excepción de inhabilidad de título, argumentando la inconstitucionalidad del cobro. La defensa alegó que gravar propiedades del IPS implica desviar recursos destinados a la seguridad social, en violación del artículo 95 de la Constitución Nacional.
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