Es inexplicable que una intendenta, si nada tiene que esconder, quiera a toda costa evitar que se revisen las cuentas del municipio que está a su cargo, con el remanido argumento de la “persecución política”.
La única explicación posible es que Sandra McLeod de Zacarías sabe bien que, si se aprueba la intervención, habrá muchas cosas que ella no podrá justificar.
Si tanto dice defender la institucionalidad y la voluntad popular ¿por qué fue a su partido, la ANR, a pedir socorro para que no se apruebe la intervención? La institución que debe decidir es la Cámara de Diputados.
Sería bueno que, además de presentar papeles sobre las supuestas obras que hizo con el dinero de los contribuyentes, McLeod presente también fotos de esas obras, en el caso de que existan.
Los diputados tienen la brillante oportunidad de demostrar que no apañan la corrupción, venga de donde venga, y de permitir que los organismos de control cumplan con su labor, en este caso, en el Municipio de Ciudad del Este.
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