Dentro del proceso penal abierto por el denominado esquema de la “mafia de los pagarés”, la jueza Nathalia Garcete, titular del juzgado de Paz de la Catedral (Segundo Turno), se convirtió en la primera magistrada de Paz en enfrentar audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, en el marco del proceso que investiga una presunta red de corrupción judicial vinculada a la tramitación irregular de juicios ejecutivos.
La audiencia busca determinar si la jueza Garcete y otros procesados entre ellos funcionarios judiciales y abogados litigantes que litigaban en su juzgado irán a juicio oral por su supuesta participación en maniobras fraudulentas que afectaron a miles de ciudadanos.
Garcete está acusada por los presuntos hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la jueza habría dictado resoluciones judiciales con base en informes falsos elaborados por ujieres notificadores y actuarios, y en algunos casos emitió decisiones sin consignar fechas.
La investigación sostiene que estas actuaciones formaban parte de un entramado delictivo orientado a defraudar a jubilados y funcionarios públicos, a través de la ejecución de pagarés falsificados o por deudas inexistentes, algunas de ellas ya canceladas. Incluso se detectaron pagarés que no cumplían los requisitos legales mínimos para iniciar un proceso ejecutivo, lo que pone en evidencia una grave distorsión en la aplicación de la justicia de Paz.
La acusación fiscal comprende a unas 70 personas entre jueces, exjueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas de cobranza. El caso ha sido descrito por los investigadores como uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en la historia reciente, debido a la forma irregular y masiva en que se gestionaban los expedientes.
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