Aunque han pasado más de 31 años de haber sido derrocada la dictadura stronista, siguen emergiendo nuevas revelaciones de crímenes cometidos en la época, que no han encontrado justicia. El primer caso de un bebé apropiado ilegalmente en 1966, que ahora ha salido a luz con una serie de reportajes publicados por este diario, confirma el desprecio que los jerarcas del poder tiránico tenían con respecto a la vida de sus conciudadanos. Devolver la identidad a quien hoy la reclama, ayudar a responder sobre el paradero de su madre desaparecida y contribuir a reparar tanta injusticia es una responsabilidad que el Estado no puede eludir. Por sobre todo debe servir para forjar una cultura democrática que no permita nunca más el retorno de un régimen tiránico y liberticida.
A Emilio le ha llevado más de 30 años empezar a descubrir en la Argentina que tenía otros padres, otro nombre y otra historia, en el Paraguay. Hoy reclama a través de una demanda ante la Fiscalía de Derechos Humanos que el Estado paraguayo le devuelva su verdadera identidad y principalmente que responda sobre el paradero de su verdadera madre, llamada María Olga Gómez, desaparecida tras haber estado presa en la temible Comisaría Tercera y en la cárcel del Buen Pastor, luego de que a su madre (la abuela de Emilio/Jorge Luis) le habían dicho que tanto el bebé como su madre habían fallecido,...
Ahora que se sabe que el niño está vivo, pero con identidad cambiada, tiene el derecho de saber qué pasó con su madre, así como a que le restituyan su identidad. El Estado ha firmado diversos convenios internacionales comprometiéndose a respetar y a proteger los derechos humanos, también amparados por la Constitución Nacional y diversas leyes, y se encuentra exigido a dar respuesta a los requerimientos del ciudadano Cricera Evaly o Gómez Arena.
Este primer caso de un bebé apropiado ilegalmente confirma el desprecio que los jerarcas del poder tiránico tenían con respecto a la vida de sus conciudadanos, hecho que aún un sector de la sociedad paraguaya insiste en negar, a pesar de la abundante documentación sobre hechos de torturas, detenciones ilegales, persecuciones políticas, destierros, asesinatos por terrorismo de Estado y desapariciones, que existen en el llamado Archivo del Terror, en el Museo del Poder Judicial, y por los miles de casos documentados en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
Devolver la identidad a quien hoy la reclama, ayudar a responder sobre el paradero de su madre desaparecida y contribuir a reparar tanta injusticia es una responsabilidad que el Estado no puede eludir. Por sobre todo debe servir para forjar una cultura democrática que no permita nunca más el retorno de un régimen tiránico y liberticida.
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