Se llevó a cabo una reunión de coordinación interinstitucional para planificar la seguridad durante las movilizaciones programadas para los días 25, 26 y 27 de marzo. La reunión, convocada para garantizar el orden público y la protección de todos los ciudadanos, abordó temas clave como la seguridad, el acompañamiento policial, la regulación del tránsito y Read More
Se llevó a cabo una reunión de coordinación interinstitucional para planificar la seguridad durante las movilizaciones programadas para los días 25, 26 y 27 de marzo. La reunión, convocada para garantizar el orden público y la protección de todos los ciudadanos, abordó temas clave como la seguridad, el acompañamiento policial, la regulación del tránsito y la implementación de medidas preventivas. Según informó la agencia gubernamental IP Paraguay, se busca el normal desenvolvimiento de las manifestaciones priorizando el bienestar colectivo.
El encuentro contó con la participación de diversas autoridades, incluyendo viceministros de Seguridad Interna, de Asuntos Políticos y de Inteligencia, además de representantes del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, del Instituto Paraguayo del Indígena, de la Dirección Nacional del Transporte y de la Federación Nacional Campesina. También estuvieron presentes miembros de la Policía Nacional, autoridades policiales zonales, la Policía Caminera y representantes del Ministerio Público.
En paralelo, se confirmó que nuevos sectores sociales se sumarán a las movilizaciones, ampliando las demandas y fortaleciendo la protesta. La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY) anunció ayer su adhesión, sumando su lucha a la marcha campesina y a otros movimientos sociales previstos para la fecha.
Pedro Halley, titular de la UNJPY, destacó que los jubilados se encuentran en una constante lucha por sus derechos, lo que los motiva a participar activamente en la manifestación. Por su parte, Gustavo Canatta señaló que los jubilados se sienten perjudicados por las decisiones del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), particularmente en relación con temas como el porcentaje del 3,8%, los pagos y las reducciones que consideran injustas.
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