La Abogada querellante Gessy Ruíz Díaz, solicitó a Cámara de Apelación la confirmación de lo resuelto por la jueza Cynthia Lovera, que elevó a juicio oral y público la causa al exministro del MUVH, Dany Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Luz Marina González De Durand, Diana Teresita Britos Ocampos De Román, Favio Arturo Britos Ocampo, […]
La Abogada querellante Gessy Ruíz Díaz, solicitó a Cámara de Apelación la confirmación de lo resuelto por la jueza Cynthia Lovera, que elevó a juicio oral y público la causa al exministro del MUVH, Dany Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Luz Marina González De Durand, Diana Teresita Britos Ocampos De Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba.
La querella sostiene que los recurrentes atacaron la elevación a juicio con argumentos idénticos, siendo la única diferencia que en la apelación vinculada al incidente de cosa juzgada del acusado Fernando Román Fernández y se hace el señalamiento del punto 20 del A.I.Nro. 861 de fecha 04 de octubre 2024 donde la Juzgadora admite la acusación en contra de Fernando Román, se agrega un punto más en la apelación, fuera de esta distinción, los tres escritos son iguales.
“Es importante manifestar que, con la simple lectura del escrito presentado por el recurrente, el mismo se basa en los mismos fundamentos ya expuestos durante la sustanciación de la audiencia preliminar, siendo situaciones totalmente ajenas al objetivo del presente recurso, ya que no refiere en lo más mínimo los supuestos vicios incurridos por el A -quo mediante la resolución recurrida o referir el supuesto “agravio” que le genera lo resuelto por el mismo. Al parecer el recurrente pretende mediante esta vía recursiva, estudiar cuestiones ya han sido estudiadas en la instancia correspondiente.”
De igual manera expone que la acción penal se encuentra plenamente vigente, en razón a que los hechos objeto de acusación, no tienen su génesis en el cumplimiento de contratos, sino en conductas penalmente relevantes, “las cuales se encuentran previstas y tipificadas en el código penal, como de acción penal pública. El art. 15 del C.P.P. consagra “los hechos punibles serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público, según lo establecido en este código y las leyes”.
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