La resolución de un juzgado, de enviar a la cárcel a un hombre de 51 años procesado por supuestamente intentar sustraer un corte de carne, cuyo valor no superaba los G. 100.000, reabrió el debate respecto al abuso de la prisión preventiva en Paraguay. La decisión generó todo tipo de críticas, incluso de una ministra del máximo tribunal.
El abuso de la prisión preventiva en Paraguay, donde más del 70% de las personas privadas de su libertad no tienen condena, quedó evidenciado una vez más con la resolución de la jueza de Garantías Cynthia Lovera, quien a pedido de la fiscala María Estefanía González, ordenó el pasado 16 de enero la de Sergio Luis Raicovich. El ciudadano argentino de 51 años, imputado por supuestamente intentar sustraer un paquete envasado de vacío, cuyo valor no superaría la suma de G. 100.000, de un local de la firma Biggie Express ubicado en la ciudad de Asunción.
Dicha resolución generó todo tipo de críticas por parte de abogados, ex magistrados e incluso la ministra María Carolina Llanes, integrante de la Sala Penal de la , quien se pronunció sobre a través de las redes sociales.
“La “racionalidad” es el parámetro para el uso de la fuerza penal estatal. Lo dicen las leyes y el sentido común”, escribió en su cuenta de X la actual vicepresidenta 1ª de la máxima instancia judicial luego de las publicaciones periodísticas sobre la resolución de la jueza Lovera, quien ratificó la prisión preventiva del procesado el 19 de enero.
La “racionalidad” es el parámetro para el uso de la fuerza penal estatal. Lo dicen las leyes y el sentido común.— Carolina Llanes O. (@MaCarolinaLlan1)
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