La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, expresó que “ante el supuesto hecho de amenaza de paralización de la central hidroeléctrica Itaipú por parte de personas invocando representación sindical, he dispuesto la apertura de una investigación”.
Los fiscales Silvia Cabrera y Santiago González son los intervinientes designados y tendrán a su cargo la investigación.
Adelantó González que en caso de comprobarse la veracidad del escrito, los sindicalistas podrían ser imputados por coacción y perturbación del servicio público.
En la referida nota se expresaba que no van a permitir la violación del contrato colectivo, recurriendo, de ser posible, a todas las medidas legales que les asisten.
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