El Decreto N° 4991/2025, firmado por Santiago Peña para habilitar el “dirigido” contrato de US$ 22 millones para la estadounidense Securiport LLC, deja un preocupante precedente, tras avalar un uso discrecional y no fundamentado del artículo 40 de la Ley de Contrataciones.
Migraciones: Gobierno adjudicó a Securiport con vaga justificación
En tiempo récord, la , bajo la gestión de Jorge Kronawetter, concretó la adjudicación de un contrato de US$ 22.011.796 a la empresa estadounidense Securiport LLC para la implementación de un sistema de información anticipada de pasajeros (API-PNR).
A través del Decreto N° 4991/2025, firmado por el presidente Santiago Peña, la entidad contrató por vía de la excepción, invocando razones de “seguridad nacional” y una supuesta complejidad técnica para eludir los procedimientos de licitación pública que garantizan la libre competencia.
Sin embargo, el análisis del expediente revela que la justificación utilizada colisiona directamente con los principios de la Ley N.º 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas.
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