Del proyecto metrobús solo existen estructuras inservibles, pero el MOPC paga por fiscalización de esas “obras”; también a una consultora contratada a inicios de 2018 –cuando el proyecto ya tambaleaba– y todavía “negocia” por unos US$ 18 millones que reclama Mota Engil, pese a no terminar el proyecto.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reveló ayer que la consultora que le asesora en la “negociación” de cierre de contrato con la firma Mota Engil, que no concluyó con el proyecto metrobús, es la misma contratada por la administración anterior para el “Apoyo Técnico Especializado y Fiduciario”, por un monto de unos US$ 6 millones, cuyo objetivo era el de “administración adecuada y oportuna de los problemas detectados” dentro del proyecto, según el contrato.
Se trata del consorcio francés Louis Berger SAS y Systra, contratado, paradójicamente, para funciones de “fortalecimiento institucional, gestión fiduciaria y monitoreo del programa, para garantizar el cumplimiento íntegro de los resultados específicos a cada componente y realizar todas las actividades relacionadas a la contratación, seguimiento y control de calidad”, de acuerdo a lo que dice el acuerdo al definir una de las funciones de la consultora. Aunque las obras del proyecto metrobús se iniciaron en 2016, el contrato con la consultora fue firmado recién el 27 de febrero de 2018.
Es decir, la misma consultora que debió alertar al MOPC sobre los posibles problemas que se podrían dar durante la ejecución del proyecto (y que de hecho se dieron), es la misma que ahora está asesorando a la cartera en una “negociación” con la empresa que no terminó el proyecto a su cargo, y de cuyas falencias ya advirtieron profesionales de la construcción, frentistas y medios de comunicación.
Según lo mencionado ayer por Óscar Stark, encargado de monitoreo del Proyecto Metrobús, tras la suspensión de la obra se solicitó asistencia al consorcio con respecto a los reclamos de Mota Engil, por lo que actualmente el grupo francés asesora al MOPC en la negociación para el cierre del contrato con la empresa portuguesa para evitar ir a arbitraje internacional.
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