El Ministerio de Educación solicitará a los gremios de educadores el personal necesario para garantizar el funcionamiento mínimo del servicio de educación pública, si no se llega a un acuerdo para la cancelación de la decisión que tomaron de no iniciar las clases en caso de que el aumento salarial al sector no sea igual al porcentaje aprobado en el Congreso el año pasado y que luego vetó el Presidente.
El director de Asuntos Gremiales del Ministerio de Educación, Humberto Ayala, señaló que las instituciones educativas van a estar abiertas a partir del 23 de febrero y que al amparo del artículo 131 de la Ley 1626 de la Función Pública, van a solicitar a los gremios de educadores en huelga que asignen el personal necesario que debe garantizar la impartición de enseñanza, aunque refirió que esperan no llegar a esa instancia.
“Hasta lo último vamos a esforzarnos por solucionar el problema. No queremos para el país otra huelga como la de 2013 (duró un mes) que causó un daño irreparable, y que se vuelva a tener como rehenes del conflicto a los estudiantes. Una huelga en este momento provocaría un daño mayor. El derecho de los docentes de ir a huelga está garantizado y en ese marco estos tienen la obligación de proveer el personal necesario para el funcionamiento de un servicio público imprescindible como lo es la educación”, dijo Ayala.
Por su parte, Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay, fue tajante al indicar que no van a proveer ningún personal porque los docentes no se rigen por la Ley de la Función Pública, sino por la Ley 1725 del Estatuto Docente.
“Pueden abrir las instituciones el 23, pero los docentes no darán clases. Nuestro pedido es que los ministros de Educación y Hacienda, Enrique Riera y Santiago Peña, respectivamente, envíen al Congreso el pedido de aumento del 15% para docentes de primaria y un 10% para catedráticos, a través de la firma de un acuerdo público. Solo así levantaremos la medida”, refirió.
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