La representante legal de uno de los afectados y un vecino de la comunidad denunciaron una aparatosa movilización de 50 efectivos policiales el lunes, para acompañar una medición de un terreno en litigio judicial. La comitiva intentó ingresar por un terreno privado de un vecino, pero el propietario se negó a darles acceso y cerró la vía de ingreso.
El director departamental de la Policía Nacional en , Comisario General Carlos Acosta, encabezó un acompañamiento a una constitución judicial emanada por un juez de San Juan Nepomuceno de la circunscripción judicial de Caazapá, Carlos Alberto Rojas Cañete, para medir un terreno que se encuentra en litigios judiciales. Para el procedimiento arribaron hasta el lugar 15 patrulleras con 50 efectivos policiales el pasado lunes.
La comitiva intentó ingresar hasta el terreno, atravesando una propiedad privada, perteneciente a Reinaldo Ramoa Gómez, que se negó a permitir el paso de los efectivos policiales y de la actuaria judicial. Ramoa expresó que en la última incursión que realizaron pasando por sus tierras, los agentes realizaron destrozos a sus cultivos, por dicho motivo no permitió el arribo de la aparatosa comitiva policial, que traían incluso una retroexcavadora de pala.
Por su parte, la representante legal de los propietarios del inmueble, la familia Kaufmann Reymann, involucrada en el litigio judicial, Abogada Vilma Díaz, denuncia el hecho como un intento de desalojo de un terreno que cuenta con una medida cautelar a favor de su cliente desde el 2020.
Según la defensora, el juez reconoce un contrato de compra-venta entre la empresa Barcos SA, representada legalmente por Vicente Gómez de la Fuente y Roberto Daniel Benítez Báez. No obstante, ante el trámite judicial entre la familia de origen alemán y la empresa Barcos SA, existen medidas cautelares vigentes, a favor de la familia Kaufmann Reymann, por lo que los otros involucrados no pueden ingresar al terreno en disputa.
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