La noticia apenas mereció un pequeño recuadro en los diarios de anteayer. La Cámara de Diputados, sin mayor debate, aprobó una declaración que "rechaza y repudia" la conducta del gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos.
Los parlamentarios sostienen que es sumamente grave que haya recibido un millón de dólares del fondo de emergencia para enfrentar la pandemia y que dichos recursos “fueran desviados a organizaciones que debían realizar los trabajos y se desconozca el destino de gran parte del dinero y también de las obras viales y mejoramiento de espacios públicos que supuestamente se realizaron”.
Parece una declaración irrelevante, pero tiene un significado ominoso para , pues proviene del órgano que, hasta ahora, lo había mantenido a flote políticamente. Hace solo cuatro meses un hermanado bloque colorado integrado por cartistas y oficialistas consiguió 42 votos y mandó al archivo el pedido de intervención de la Gobernación. No importó entonces la existencia de una imputación fiscal ni sendos informes de la Contraloría General, la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Secretaría Nacional Anticorrupción. Decidieron afrontar el costo político y seguir la agenda de la acudiendo...
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