En marzo de 1999 la embajada de Estados Unidos, encabezada entonces por Maura Harty, orquestó en nuestro Paraguay un golpe de Estado que truncó el gobierno elegido por el pueblo en abril de 1998.
Como en todo golpe organizado por embajadas norteamericanas a través de la Historia, hubo actores locales y algunos de los actores locales creían de buena fe en la operación en que estaban involucrados (Lenin los llamaría “idiotas útiles”).
Sabemos que fue un golpe de Estado porque hubo al menos dos quiebras de nuestra Constitución tan evidentes que ya nadie mínimamente serio niega el evento: La violación del Artículo 174 de nuestra Constitución, por la que se sometió a Lino Oviedo, militar retirado, a un tribunal militar expresamente prohibido para sacarlo de la carrera presidencial y la de su Artículo 234, por la que se incumplió el mandato de convocar a elecciones en caso de acefalía previa al tercer año del mandato, sentando con esto último un precedente nefasto que aún no fue rectificado por la Corte Suprema.
El resultado del golpe, como el de todos los golpes exitosos, fue transferir el poder a fuerzas que no habían ganado las elecciones.
Y sabemos que fue la embajada de Estados Unidos por el papel coordinador que asumió públicamente la embajadora Harty, que hasta incluyó premios al entonces comandante de Fuerzas Militares, Eligio Torres Heyn e interacciones que llegaron hasta la Casa Blanca por vía del comerciante filipino norteamericano Mark Jiménez, asiduo contribuyente a las campañas del entonces presidente de EE.UU., Bill Clinton.
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