En un hecho muy poco habitual, el director general de Aduanas, Econ. Julio Manuel Fernández Frutos, presentó al Ministerio Público con nombre y apellido una denuncia formal por tráfico de influencias contra el senador colorado Martín Arévalo, a quien acusa de presiones para nombrar a funcionarios en puestos clave y para interceder en favor de una persona involucrada en un caso de contrabando. Inmediatamente, tanto el denunciado como otros, de manera directa o indirecta y por diversos motivos, han puesto en duda las reales motivaciones y el proceder de Julio Fernández, pero esa es otra discusión. El punto es que, con las sólidas evidencias que salieron a luz, Arévalo no puede permanecer un minuto más en el Congreso Nacional.
Fernández entregó a la fiscalía grabaciones e intercambios de mensajes de Whatsapp autenticados por escribanía donde el senador claramente le pide nombrar como administradores a dos funcionarios de menor rango, algo a lo que, de acuerdo con sus declaraciones, el director no accedió pese a la insistencia del denunciado, no solo porque no correspondía, sino debido a que los recomendados no reunían el perfil para las altas responsabilidades del cargo de administrador, que otorga a su titular amplias facultades para el control y la toma de decisiones en zona primaria.
Además, puso como testigos al jefe del Departamento de Sumarios Administrativos de la Dirección General de Aduanas (cuyo nombre no hace constar) y a la administradora Guadalupe Ruiz, a quienes, según la denuncia, Arévalo llamó (a Guadalupe el pasado 30 de agosto) para intermediar y ofrecer “tratos” a favor de “un ciudadano de origen árabe”, que luego identificó como Ahmad Khalil Chams, supuesto verdadero dueño de una carga incautada en Itapúa el 22 de noviembre de 2019, declarada contrabando y vendida conforme a las disposiciones del Código Aduanero.
A partir de aquí han surgido varios interrogantes. Uno de ellos es que si los mencionados intercambios de Whatsapp datan de febrero, ¿por qué Fernández esperó tantos meses para hacer la denuncia? Él dice que se quiso documentar bien y que tomó la determinación cuando Arévalo directamente se involucró en el caso de Chams, pero no deja de ser llamativo. También se mencionó que Fernández y Arévalo compartían un grupo de oración, lo cual, a priori, es prácticamente irrelevante. Y algunos sugieren que todo se trata de una conspiración política para sacarlo del medio a Arévalo y poner en su lugar...
Pero quizás lo principal es que una carga valuada en 3 a 4 millones de dólares terminó vendiéndose por tan solo 600 millones de guaraníes, luego de que “parte de ella fue sustraída irregularmente en un hecho delictivo que se produjo en el local de la ex-Gical”, según menciona la denuncia sin dar otros detalles. En declaraciones posteriores a la prensa, el director Fernández dijo que el robo de la mercadería ocurrió en un operativo comando y apuntó a los propios dueños de la misma.
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