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La Justicia Electoral pasó de compra a alquiler y abrió paso a un contrato de casi USD 35 millones para 18.000 equipos electorales.
El caso de las máquinas de votación volvió a exponer cambios en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. La institución admitió una “flexibilización” del pliego tras anular una primera licitación donde el Consorcio Comitia MSA había sido descalificado. El tema cobró relevancia por el vínculo entre el nuevo llamado y el contrato previsto.
La nueva convocatoria pasó de compra a arrendamiento y abrió el camino para un contrato de casi USD 35 millones. El acuerdo contempla 18.000 equipos para las próximas elecciones internas y municipales. Por lo tanto, el caso impacta directamente en el proceso electoral y en el uso de recursos públicos.
Daniel Echagüe, del TSJE, admitió que el primer pliego era más exigente y que Comitia MSA no cumplía ciertos requisitos. Tras cancelar ese llamado, se elaboró otro pliego “mucho más flexible”, lo que permitió que la firma avanzara hacia el contrato.
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