La auditoría de gestión realizada a más de mil expedientes del juzgado de Paz de Luque reveló groseras irregularidades que ahora están en la mira de la Fiscalía, en el marco de la investigación de la mafia de los pagarés. A modo de ejemplo, se constató que dos personas fungieron de testigos en casi 600 expedientes.
La jueza Norma Ortiz y 18 funcionarios fueron apartados por la Corte Suprema de Justicia.
Tras la suspensión de la jueza de Paz de Luque Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz y de 18 funcionarios de las dos secretarías de la mencionada sede judicial por el caso mafia de los pagarés, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer el resultado de la auditoría de gestión que motivó su decisión.
Los antecedentes del caso revelan que el equipo auditor detectó graves irregularidades en 1.064 expedientes seleccionados al azar y que constituyen violaciones a la defensa en juicio, a los derechos procesales y al Código de Ética Judicial.
Como consecuencia del resultado de la auditoría de gestión realizada por la Dirección General de Auditoría de Gestión en el pasado mes de mayo, el pleno de la Corte Suprema dispuso la remisión de los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público, para la adopción de las medidas que consideren pertinentes.
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