Mafia de pagarés: Corte pone a ujieres a disposición de RR.HH y frena ascensos

Mafia de pagarés: Corte pone a ujieres a disposición de RR.HH y frena ascensos

La Superintendencia de la Corte resolvió que el ujier Osvaldo Insfrán Vera, del Juzgado de Paz del Distrito de La Catedral del Primer Turno, y el secretario Miguel Ángel Rolón Recalde, del Juzgado de Paz de San Roque, pasen a disposición de la Dirección de Administración de Personal. También dispuso dar por terminado los ascensos […]

La Superintendencia de la Corte resolvió que el ujier Osvaldo Insfrán Vera, del Juzgado de Paz del Distrito de La Catedral del Primer Turno, y el secretario Miguel Ángel Rolón Recalde, del Juzgado de Paz de San Roque, pasen a disposición de la Dirección de Administración de Personal. También dispuso dar por terminado los ascensos de forma interina de los funcionarios Pablo Matías Cabrera Irigoitia, Heber Hernán Cardozo Areco, Mariam Adelaida Ortiz Aquino y Líder Rodrigo Benegas Cristaldo.

La medida se da a partir de la viralización a través de la cuenta en X de Dr. Jorge Rolón Luna, quien expuso la vida lujosa de ujieres de Juzgados de Paz, con un promedio salarial que no supera los G 3.500.000, sin embargo presumen de viajes a sitios paradisíacos y compras de vehículos de alta gama, generando todo tipo de repercusiones y cuestionamientos a través de las redes.

La denuncia viral de Rolón revela una posible conexión entre los lujos y lo que denominó como la mafia de los pagarés, consistente básicamente en la presunta connivencia entre funcionarios judiciales con empresas que adquieren deudas y promueven juicios ejecutivos para el pago correspondiente, y en consecuencia proceder a embargos salariales.

La Contraloría inició el examen de correspondencia de bienes de los ujieres Heber Cardozo Areco, Osvaldo Insfrán, Mariam Adelaida Ortiz Aquino y Pablo Matías Cabrera Irigoitía, tras las publicaciones realizadas en redes sociales con relación a la ostentación del poder económico que tienen, con un sueldo de G. 3.128.00 mensual. “Este procedimiento contempla un análisis exhaustivo de las declaraciones juradas presentadas por cada uno de ellos, con el objetivo de identificar posibles inconsistencias entre los bienes declarados y su realidad patrimonial”, explicó a El Observador, Armindo...

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