El Tribunal de Apelación confirmó la admisión de la imputación contra la exujier judicial Audrey Galeano, procesada en la causa conocida como la «mafia de los pagarés» por supuestas irregularidades en notificaciones tramitadas en la ciudad de Tucumán, Argentina. Los camaristas descartaron la existencia de una doble persecución penal alegada por la defensa y destrabaron […]
El Tribunal de Apelación confirmó la admisión de la imputación contra la exujier judicial Audrey Galeano, procesada en la causa conocida como la «mafia de los pagarés» por supuestas irregularidades en notificaciones tramitadas en la ciudad de Tucumán, Argentina. Los camaristas descartaron la existencia de una doble persecución penal alegada por la defensa y destrabaron la causa, habilitando al juzgado de garantías a fijar la audiencia para la imposición de medidas cautelares contra la imputada.
La defensa, representada por el Abg. Guillermo Duarte, recurrió la providencia de fecha 22 de mayo de 2026 que admitió la imputación y el A.I. N° 163 de fecha 5 de junio de 2026, que rechazó la reposición contra ésta, alegando que las conductas que se señalan a su defendida no están claramente descritas en el acta de imputación y se limita a atribuirle “una serie de hechos que ya fueron objeto de puestos a su conocimiento, ya les fueron imputados, ya fueron analizados en audiencia preliminar y pasados por dictamen de Fiscalía General”. Sostuvo que pretende evitar que sea sometida a dos...
El camarista Paublino Escobar, preopinante, resaltó que los antecedentes de la otra causa que soporta la procesada, la N° 02/2025, invocada por la defensa, indican que no se advierte la existencia de una doble persecución penal ni de un doble juzgamiento respecto de un mismo hecho, pues en ningún momento se menciona atribución alguna vinculada a los supuestos informes de notificación falsos realizados en la ciudad de Tucumán, República Argentina, conducta que se investiga en la presente causa.
“La mera referencia a antecedentes investigativos o actuaciones preliminares desarrolladas en otra causa no resulta suficiente para acreditar que una persona haya sido efectivamente sometida a proceso penal por los mismos hechos”, remarcó.
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