El Ministerio Público formalizó acusaciones en el marco de uno de los más graves casos de corrupción que salpica directamente al Poder Judicial, conocido como el caso de la mafia de los pagarés, una red delictiva que operaba desde los Juzgados de Paz de Asunción, utilizando procedimientos judiciales para ejecutar deudas de forma fraudulenta.
La causa implica a dos juezas en funciones, dos exjueces de Paz, actuarios judiciales, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas de cobranza, quienes habrían articulado un esquema de falsificaciones y maniobras procesales con el objetivo de ejecutar embargos sin conocimiento de los supuestos deudores.
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron la acusación contra las juezas Analía Cibils (Juzgado de Paz de La Encarnación) y Nathalia Garcete (Catedral Segundo Turno); así como los exjueces Víctor Nilo Rodríguez (Recoleta) y Liliana González de Bristot (San Roque).
De acuerdo con la acusación, empresas de cobranzas, con el apoyo de sus abogados y funcionarios judiciales, promovían acciones preparatorias, juicios ejecutivos y juicios ordinarios de cobro basados en pagarés o deudas presuntas. Durante estos procesos, se simulaban notificaciones, se falsificaban informes y se dictaban resoluciones judiciales sin que los demandados tuvieran conocimiento alguno, permitiendo así embargos ilegales y el avance de los juicios sin legítima defensa.
Las resoluciones judiciales resultantes emitidas con base en documentación apócrifa y procedimientos irregulares violaban abiertamente el derecho al debido proceso y beneficiaban de manera directa a las partes actoras.
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