Foto: Gentileza La Comisión Especial del Senado identificó un intento de cobro doble a un docente jubilado: primero, mediante descuentos automáticos a través de una asociación y luego vía embargo judicial. El 12 de junio con asistencia de la Comisión el señor Vera solicitó a la Asociación de Educadores Naciente un informe detallado sobre los préstamos recibidos, los montos descontados y el estado de la deuda. Al día siguiente, el 18 de junio, el jubilado compareció ante el Juzgado de Santaní, acompañado por un abogado de la Comisión del Senado y con apoyo solicitado a la Defensa Pública. 2.250.000, pero según registros verificados por la Comisión del Senado, ya se le descontaron más de G. Justamente en Santaní se presentó la demanda de embargo que, finalmente, se comprobó que ya había sido cancelada en su totalidad, ya que la deuda fue descontada a través de la Asociación de Educadores Naciente. En total, esta asociación ya le descontó a Reino G. Este caso representa un patrón que se repite en decenas de expedientes analizados por la Comisión: autorizaciones firmadas en contextos de vulnerabilidad, préstamos de bajo monto convertidos en deudas multiplicadas, descuentos automáticos sin control y pagarés que, aún cancelados, continúan circulando como instrumentos judiciales. Reino Vera es, como otros jubilados afectados, parte del registro oficial de víctimas que el Senado busca acompañar para reconstruir justicia en un sistema donde, muchas veces, el propio Estado facilita —por omisión o complicidad— el abuso financiero contra personas indefensas.
La Comisión Especial del Senado identificó un intento de cobro doble a un docente jubilado: primero, mediante descuentos automáticos a través de una asociación y luego vía embargo judicial. La acción permitió frenar la demanda y evidenciar que los pagos ya habían sido cancelados. También se anunció un número de contacto exclusivo para atención a jubilados que es el 0986 800 300
Reino Salvador Vera Medina, docente jubilado oriundo de Concepción, vivió en carne propia los efectos devastadores del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”. Perdió su casa, vio desaparecer sus ingresos por descuentos sistemáticos y hoy sobrevive en la vivienda de su hermana en Villa Elisa.
Su caso revela un modus operandi que combina descuentos convencionales gestionados a través de asociaciones con demandas judiciales posteriores sobre la misma deuda, muchas veces ya cancelada. La Comisión Especial de Investigación del Senado detectó esta práctica en su situación y se logró frenar un nuevo intento de embargo. El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión, dio detalles del caso en conferencia de prensa.
El señor Reino Vera fue demandado por Credidiemar S.A. y citado para el 10 de junio pasado a fin de reconocer su firma en el pagaré por G. 22.500.000, reclamado ante el Juzgado de Paz de Santaní, bajo advertencia de iniciar el juicio ejecutivo.
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