La auditoría de gestión realizada a más de mil expedientes del juzgado de Paz de Luque reveló groseras irregularidades que ahora están en la mira de la Fiscalía, en el marco de la investigación de la mafia de los pagarés. A modo de ejemplo, se constató que dos personas fungieron de testigos en casi 600 expedientes.
Tras la suspensión de la jueza de Paz de Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz y de 18 funcionarios de las dos secretarías de la mencionada sede judicial por el caso , la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer el resultado de la auditoría de gestión que motivó su decisión.
Los antecedentes del caso revelan que el equipo auditor detectó graves irregularidades en 1.064 expedientes seleccionados al azar y que constituyen violaciones a la defensa en juicio, a los derechos procesales y al Código de Ética Judicial.
Sesión de la Corte Suprema de Justicia del 8 de octubre pasado, en la que el pleno dispuso sumario y suspensión de la jueza de paz de Luque y sus 18 funcionarios. Como consecuencia del resultado de la auditoría de gestión realizada por la Dirección General de Auditoría de Gestión en el pasado mes de mayo, el pleno de la Corte Suprema dispuso la remisión de los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público, para la adopción de las medidas que consideren pertinentes.
El trabajo realizado por el equipo auditor a cargo del abogado Rodolfo Heyn detalla las irregularidades observadas en la tramitación de los expediente seleccionados y especifica las faltas correspondientes a los funcionario. de acuerdo con la función que le fue asignada.
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