El juez Humberto Otazú realizó este jueves la audiencia de imposición de medidas a la procesada y resolvió la aplicación de medidas cautelares a la jueza de paz de Catedral, Nathalia Garcete, bajo una fianza de G. 200 millones.
La jueza está imputada por prevaricato, en calidad de autora y como cómplice de la producción de documentos, dentro del esquema conocido como la «mafia de los pagarés». La procesada se encuentra suspendida en sus funciones, al igual que otros de sus colegas imputados en el caso.
Según el relato fiscal, Garcete habría dictado 97 resoluciones basadas en informes falsos de notificación a los afectados, como en la mayoría de los casos, cuando en realidad nunca se hizo partícipe al afectado de la demanda en su contra.
Se sospecha que la magistrada formaba parte de un esquema para defraudar a jubilados y funcionarios activos con pagarés, incluso por cuentas ya canceladas, y en algunos casos, con pagarés que no contaban con los mínimos requisitos para ser ejecutados.
La lista de imputados por el Ministerio Público llega a aproximadamente 70 personas, que integrarían este escandaloso esquema montado en el propio Poder Judicial, donde ha quedado al descubierto la grosera forma de tramitación de expedientes relacionados con juicios ejecutivos por parte de jueces de Paz hoy imputados, quienes habrían permitido que miles de expedientes estén depositados en empresas privadas, inclusive.
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