Maduro siembra el miedo en Venezuela con campaña de delación

Maduro siembra el miedo en Venezuela con campaña de delación

“¡Háganme la denuncia de los delincuentes fascistas...!”, exhortó Maduro, cuyo Gobierno habilitó una aplicación y una línea telefónica para perseguir a los opositores. Se denuncian detenciones arbitrarias.

A gritos, frente a una multitud en un balcón del palacio de gobierno, el presidente venezolano Nicolás Maduro clamó: “¡Vamos por ellos!”. Maduro da cuenta de más de 2.200 detenidos vinculados con protestas contra su cuestionada reelección, denunciada como un fraude por la oposición, y pide a sus seguidores delatar a sospechosos de “actos violentos” en las manifestaciones, a los que llama “terroristas”.

Entre críticas de activistas de derechos humanos, una aplicación móvil para gestionar planes sociales y una línea telefónica de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron habilitadas para hacer denuncias anónimas.

“Hay que hacerse respetar en el barrio”, expresó Maduro en el palacio Miraflores. "¡Háganme la denuncia de los delincuentes fascistas para irlos a buscar!”. Las manifestaciones estallaron horas después de que la autoridad electoral anunciara que el gobernante fue reelecto para un tercer mandato de seis años. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro con 52% de los votos por 43% del opositor Edmundo González Urrutia, representante de la inhabilitada dirigente María Corina Machado, que denuncia un fraude y asegura que ganó los comicios. Las protestas en Caracas y otras...

González U. reitera petición sobre actas El abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, reiteró la exigencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) de publicar, por “la paz” del país, las actas de las presidenciales, en las que asegura haber ganado. González Urrutia rechazó acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que lo ha citado en una causa para “certificar” el resultado de los comicios presidenciales, al considerar que no se corresponde con ningún procedimiento legal y supone una “violación del debido proceso”.

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